Esta entrada trata de un tema que no suele tener cabida en los contenidos habituales de este blog (lo que me hace reflexionar sobre la posibilidad de iniciar otro cuaderno de bitácora). Sin embargo, no puedo pasar por alto el abuso que ha cometido una institución pública, que se supone que debe ayudar a sus ciudadanos y no atropellarles de una forma tan injusta, como el Ayuntamiento de Madrid.
Abusar, según el diccionario, es usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien.
Con esta definición, leo en el suplemento para Madrid del diario El País (nunca entenderé porque pasaron a una versión de pago para ver sus contenidos en la red), del sábado 24 de julio, que el Ayuntamiento de Madrid había ampliado el Servicio de Estacionamiento Regulado a 13 nuevos barrios el pasado 1 de junio, lo que suponían 44.719 plazas nuevas, con 34.780 para residentes. Las ordenanzas del Ayuntamiento dicen que las tarjetas se tienen que cobrar bien anualmente (22,4 €), o bien por trimestes enteros (5,6 €). Hasta aquí todo correcto. Pero resulta que la información continua diciendo que los vecinos que compraron entonces su tarjeta de residente para aparcar en esas plazas tuvieron que pagar tqambién los dos meses anteriores, abril y mayo, cuando aún no se podían usar. ¡Qué caradura!
Los residentes, como es obvio, estaban en su derecho de reclamar los 3,6 € de más que les habían cobrado por sus tarjetas. Y aquí, lo cual es indignante, el argumento que ofrece el Ayuntamiento para haber decidido cobrar los dos meses de más y no poder reclamar los euros «robados» es el siguiente: «…si bien la efectiva vigilancia del estacionamiento se produjo el 1 de junio, el servicio en sí se inició en los meses de abril y mayo (¿?), mediante la señalización de las plazas de estacionamiento, por colores, y la instalación de los aparatos parquímetros.» COBRAN PORQUE LAS PLAZAS ESTABAN PINTADAS. Sí señor, con un par (perdón por la expresión), que diría un castizo.
Claro que esto tiene una explicación pecunaria. Si el sobreprecio o «impuesto por estar obligado a comprar una tarjeta para poder aparcar donde vives» de 3,6 € se multiplica por las 34.780 plazas nuevas que se pusieron a disposición de los residentes, te encuentras con que el Ayuntamiento, por la cara, ha conseguido unos ingresos extras de 125.200 € por el cobro de los 60 días de un servicio no prestado.
Además, se aprovechan de que si alguno de los afectados decide presentar un recurso para recuperar los 3,6 €, éste cuesta 30 €. Pero claro, eso si todo va bien, que dada la rapidez en resolver los pleitos que tiene la justicia española, las costas por abogados se pueden elevar hasta los 1.200 €. Entonces, el ciudadano que no es tonto, no recurre. Por lo tanto, Ayuntamiento, otra vez, es quien sale beneficiado.
Una solución evidente sería descontar esa cantidad de la cuota a abonar en el próximo trimestre o en la tarjeta del siguiente año. Sin embargo, es ahora la Concejalía de Hacienda la que no da opción con esta respuesta: «no existe ninguna posibilidad de devolverles el dinero.»
¿En qué se gastarán ese dinero injustamente recaudado? ¿Los pequeños agujeros que dejó la boda del príncipe? Y es que el asunto de los parquímetros de Madrid tiene tela. Me pregunto si gracias a ellos, ¿ha mejorado el tráfico de la capital? Lo tengo muy claro, es un abuso en toda regla. Pasalo.
